Comentario
Como el portentoso aparato militar de las FDI, pese a la utilización sin ambages del terrorismo de Estado, no era suficiente para controlar el terrorismo y las campañas de resistencia civil de los palestinos, el Gobierno de Sharon comenzó hace poco a levantar un muro de separación que discurriría sobre la Línea verde, la frontera entre Israel y los Territorios Ocupados de Cisjordania.
Cuando esté terminada, alcanzará 350 Km. de longitud y su altura, según tramos, los 8 metros. Del lado palestino comprende una espiral de alambre de espino fijada a postes de hierro u hormigón; después, una zanja, insalvable incluso para vehículos todoterreno; luego, una pista cubierta de arena, donde se detectan las huellas de cualquier paso, que será recorrida por patrullas militares israelíes; a continuación una valla de alambre dotada de sensores y cámaras de vigilancia y, en las zonas más conflictivas, cerca de los núcleos de población, muros de cemento, interrumpidos cada 300 metros por torres de vigilancia. Ya en territorio israelí, se abre una nueva pista de vigilancia, otra barrera de alambre de espino y más cámaras de televisión.
La obra se construirá en tres fases. La primera -a punto de concluirse- comienza en el norte, cerca de Yenin y concluye al sur de Qalquilia. En total, 126 Km. Una segunda fase, que extenderá el muro hasta Jerusalén-Belén se inaugurará en verano. La tercera fase, que cerrará los Territorios Ocupados por el sur, estará lista en 2005.
Aparte de los datos escuetos, el muro tiene connotaciones políticas, legales, morales, económicas y territoriales, resaltadas por los palestinos y confirmadas por las informaciones de prensa y por las de numerosos organismos internacionales, entre ellos el CCAL y GPH, ambos de la ONU. Políticamente, constituye una vuelta de tuerca que apunta a instaurar de hecho un apartheid que, en su definición surafricana más eufemística era "el desarrollo paralelo y por separado de las dos comunidades". "No somos israelíes ni tenemos permiso para movernos por Israel, pero tampoco podemos regresar a Palestina", explica Abu Raud, habitante de Khirbet Jabara, uno de los pueblos afectados.
En el plano legal, conculca la legislación internacional sobre territorios ocupados: desde la resolución 242, 338 y siguientes de la ONU -que urgen la devolución de los Territorios Ocupados- al artículo 47 de la IV Convención de Ginebra -que prohíbe la incautación y la destrucción de la propiedad de los territorios ocupados- o al artículo 52 de la Regulación de La Haya (1907) -que prohíbe a los ocupantes hacer modificaciones en los Territorios Ocupados-. Ante estas acusaciones, Israel replica que se trata de una medida provisional para proteger la vida de sus ciudadanos. Lo de la provisionalidad nadie puede creérselo, vistos los antecedentes y "su extensión, naturaleza, coste (superior a los 300 millones de euros) y, en particular su penetración en los territorios palestinos, sugiere que el proyecto tiene una vocación de permanencia", aseguran en la ONU. Todos los recursos palestinos dirigidos a los tribunales israelíes para evitar las expropiaciones han sido rechazados.